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Cada periodista tiene una historia personal sobre el cerco informativo
Andrea Daza/El Mundo

A mediados de mayo de este año algunas ensambladoras recomendaron utilizar gasolina de 91 octanos. Se registraron carros dañados. Hubo denuncias. Érika Hidalgo, reportera de economía de El Mundo quiso saber qué estaba pasando, como muchos, como cualquiera con un tanque de 95 octanos. Sus primeras búsquedas le indicaron que el problema se originó en el occidente del país, en los estados andinos.

¿Quién podía explicarlo? Pues Asdrúbal Chávez, vicepresidente de refinación, comercio y suministro de Pdvsa. Pasó dos correos electrónicos y una carta (fechada el 06/06/2008). No le han respondido. Ni Rosalba Useche, gerente de prensa nacional de la petrolera, para el momento. Ahora hay otra.

Cecilia Caione cubre Asamblea Nacional para El Nacional desde 1992, cuando era el Congreso. Hoy se le hace difícil contrastar las denuncias que recibe con la versión de los parlamentarios porque no le declaran. Hasta el año pasado podía entrar a algunas de las comisiones legislativas del hemiciclo. Ya no. Ahora tiene que esperar a un vocero para que le eche el cuento: “Es muy raro cuando alguna comisión permite que el medio ingrese a la sesión”. Y la sala de prensa mutó en estudio del canal oficial Antv. “No hay sillas, ni computadoras, ni teléfonos para transmitir en radio”.

EL ELEFANTE BLANCO

Jorge Chávez es periodista de investigación de Últimas Noticias. A sus 26 años de ejercicio periodístico confiesa que buscar información oficial en el país es “como luchar con un elefante blanco”. Este año publicó un reportaje sobre el funcionamiento de la Fundación Negra Hipólita. Estuvo tres semanas en plan persecutorio para obtener declaraciones sobre una serie de “becas y sueldos de rescatados de la calle que fueron eliminados por la institución”. Pues no.

Nunca obtuvo respuesta. “Hice todas las llamadas y nunca me respondieron”. Lo único que recibió fue un llamado de atención desde el set de Aló, Presidente, en una suerte de Chávez versus Chávez.

Para el reportero, los entes oficiales casi no ofrecen declaraciones y terminan desmintiendo lo que publican los periodistas.

Por eso, Joseph Poliszuk, periodista de investigación de El Universal está de acuerdo con la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública, en beneficio “no sólo de los periodistas, sino de todos”, de los ciudadanos. No obstante, Poliszuk cree que no todas las puertas están cerradas: “Queda a discreción de cada funcionario dar o no la información”.

Y TE ESCRIBO ESTA CARTA

Patricia Clarembaux tiene una carpeta para la correspondencia. Ella cubre la fuente militar en Tal Cual.

El 1º de agosto de 2007 envió una carta al recién ascendido ministro de la Defensa, General Gustavo Rangel Briceño. Quería conocer el papel de la Reserva Militar dentro de la Fuerza Armada, su importancia en la “nueva geometría del poder” y la cantidad de hombres que la constituían.

Rangel Briceño era el indicado. Acababa de abandonar la comandancia general de la Reserva. Pero no hubo respuesta. Una semana después, el 7 de agosto mandó otra. Tampoco. Ni un no. El 28 de agosto reiteró los motivos expuestos en la anterior. El 11 de octubre de 2007 empezó de cero. Escribió una carta pidiendo información sobre la carrera del General, para hacer un perfil. Menos. Después supo que sobre ella cayó un veto.

Le negaron el acceso a Fuerte Tiuna, la dejaron de convocar a las ruedas de prensa.

Intentó establecer comunicación con el coordinador de trabajo de la Reserva y los Consejos Comunales. Le escribió una carta al general Carlos Freites Reyes, Comandante General de la Reserva. Pasó otra al despacho de la Comandancia General. Todo lo que obtuvo fue off the récord. Nada oficial.

Según Maye Primera, jefa de redacción este procedimiento es política editorial. En Tal Cual decidieron formalizar las peticiones de información a los organismos oficiales. La periodista destaca que la fuente petrolera y militar son las de más difícil acceso. Que lo diga Clarembaux. Primera afirma que las acreditaciones de prensa para el palacio de gobierno se las eliminaron a partir de 2003.

Adriana Rivera de El Nacional asegura que para muchos entes públicos “es una ofensa” que el reportero solicite información por escrito y se lleve una copia con el sello de recibido. En algunos casos se han negado a firmarlas. El año pasado acudió al Ministerio de Hábitat y Vivienda para conocer el número de viviendas construidas en cinco años. Cuando el funcionario vio que en la carta estaba el artículo 51 de la Constitución Bolivariana (con aquello de que “toda persona tiene derecho a obtener una respuesta…”), se ofendió.

Le pareció una grosería.

Autor: unvenezolanomas