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El ministro Ramón Rodríguez “cara de concreto” Chacín sostiene que la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia permitirá formar cuerpos de seguridad que respeten los DDHH, pero expertos de la UCAB opinan justo lo contrario
Tal Cual

El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, asegura que la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia surgió ante la necesidad de crear normas para regular las “actividades de inteligencia y contrainteligencia” del país y evitar las “atrocidades” que se cometían en los cuerpos policiales.

Dijo que en la Disip, que sustituyó a la Digepol, también se cometían “violaciones de derechos humanos”, pues la Digepol pasó a ser la Disip con ideas represivas. “Vivían en contra del pueblo, todo en un marco de la guerra fría entre el bloque de la Unión Soviética y EEUU”.

El ministro destacó que, aun cuando no es jurista, es obvio que la nueva ley “va a formar los cuerpos de seguridad de inteligencia y contrainteligencia acorde con la situación histórica que se está viviendo”, lo cual considera que será percibido por los ciudadanos, pese a que los medios de comunicación hayan querido mostrar el lado negativo del instrumento legal.

“Ya no hay muchos venezolanos que crean en la imparcialidad de los medios o que crean que esos medios son la Biblia, sabemos que obedecen a intereses políticos”, indicó y dio como ejemplo de esa situación que en la prensa, según dice, no se le ha dado cobertura a los 101 atletas que representarán a Venezuela en las olimpíadas de Pekín. “A algunos medios, como no les conviene, no dan lugar a estas cifras”.

Agregó que es “falso” que la ley viole el derecho a la defensa, puesto que “el imputado siempre va a tener” ese derecho, que es “un principio que nos mueve a nosotros como (Gobierno) humanista, como socialista”, destacó Rodríguez Chacín en la rueda de prensa que ofreció hoy.

También negó que la norma sea “genérica e indefinida”, como han denunciado abogados locales. “Antes no había ninguna normativa, ninguna regla que lo limitara (la labor de Inteligencia). Ahora sí. Nos atrevemos a regular actividades que normalmente se manejan con mucho secreto, por eso mismo, para garantizar un Estado democrático”, añadió.

Ley que no es ley. Mientras el presidente Hugo Chávez y Rodríguez Chacín aseguran que la norma garantiza la “seguridad nacional” frente a los “ataques imperialistas”, académicos la consideran “regresiva” en materia de Derechos Humanos y, por tanto, “inconstitucional”.

La abogada penalista y profesora de Derecho Penal y Procesal de la privada Universidad Católica Andrés Bello, Magaly Vásquez, dijo a Efe que la ley es “muy represiva” y puede ser utilizada como “un instrumento de persecución”.

A su juicio, la norma, aprobada por decreto presidencial la semana pasada, “va en contra de la Constitución de 1999″ porque “quita atribuciones” que pertenecen “constitucionalmente” al Ministerio Público.

Otorga “valor probatorio a actuaciones (policiales) que se realizan sin control de ningún tipo”, y además, considera válidas en un juicio “pruebas en las que no hay una intervención judicial”.

Vásquez señaló que la nueva ley establece “pocos controles” que garanticen la seguridad jurídica de personas “que podrían ser víctimas de la ley”.

La experta subrayó que la norma abre la posibilidad a que en Venezuela se constituyan grupos similares a los “Comités de Defensa” cubanos, en los que “las personas naturales deben cumplir” con tareas de vigilancia y suministro de información a las autoridades estatales.

“La ley considera como órgano de apoyo” incluso “a las personas naturales y a las comunidades organizadas”, y los individuos que no cumplan “serán responsables conforme a la Ley de Seguridad y Defensa”, aseguró la experta.

La profesora universitaria alertó que la nueva ley “puede afectar seriamente al periodismo de investigación y al derecho de libertad de expresión”, porque parte de la premisa de que “debe haber una reserva de la actividad investigadora por parte de los medios”.

Además, consideró que la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia aprobada el pasado 28 de mayo “afecta a una serie de garantías procesales de personas” ya que, a su juicio, no se garantiza el “derecho a la defensa y al debido proceso”.

El mandatario aprobó la ley en el marco de los poderes especiales para legislar por decreto que en enero de 2007 le otorgó el Parlamento oficialista por espacio de 18 meses.

La nueva ley establece la sustitución “progresiva” de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) por Direcciones Generales de Inteligencia y Contrainteligencia adscritas a los ministerios del Interior y de Defensa.

Autor: unvenezolanomas