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Fiscales, jueces, actas. Nombres y situaciones confunden los intríngulis de este crimen. Ubique quién es quién, porque esta semana promete más denuncias
Tamoa Calzadilla/Cadena Global

A tres años y medio de la explosión que segó la vida del fiscal Danilo Anderson, el 18 de noviembre de 2004, el caso despierta de su letargo y da un giro hacia adelante. ¿Por qué? Porque se empieza a deshilachar la estopa que involucró a supuestos autores intelectuales en un móvil que gira en lo político, en una supuesta conspiración que luego de Anderson iría por la cabeza del entonces fiscal Isaías Rodríguez y hasta por la del presidente Hugo Chávez.

De lo expresado por Giovanny Vásquez y que consta en actas, cabe determinar qué frases y nombres fueron introducidos por los fiscales que llevaban el caso, según la propia confesión de uno de ellos, Hernando Contreras, y cuáles fueron colocados por Vásquez; y a su vez, de lo dicho por Vásquez ¿absolutamente todo será incierto? Investigar es la clave.
Asesinados

Antonio Lópéz Castillo fue asesinado el 23-11-04 en inmediaciones de Plaza Venezuela. Cayó abatido por una comisión del Cicpc, en la que murió uno de los agentes. Era amigo y cliente de la galería de tiro de los Guevara y fue relacionado en las llamadas de la noche del crimen. Su casa fue allanada y sus padres esposados y llevados a tribunales. Ellos no tienen respuestas sobre la muerte de su hijo.

Juan Carlos Sánchez desaparece el 20/11/04 y apareció muerto en un motel de Lara. Algunos familiares advirtieron que el cadáver tenía síntomas de tortura. Se vinculó a los Guevara y al mundo de los negocios de instrumentos bélicos.

Sólo que la historia del caso ha negado justamente ese verbo: investigar. De haberlo hecho en su debido momento, se sabría cuál fue la verdadera participación de los banqueros mencionados, sus abogados, la supuesta red de extorsión y la denominada Banda de los Enanos en el hecho. Pero no.

Vásquez apareció y con él una tesis que compró Isaías Rodríguez con un alto porcentaje de credibilidad, basado en su mirada y en las coincidencias del testimonio de Vásquez con la oportunidad de desechar la red de extorsión.

¿Quién habló primero de esa red? Jesse Chacón, el cinco de enero de 2005, cuando fungía de Ministro de Relaciones Interiores, sorprendió al país con esta tesis: hombres que del lado de los carmonas-firmantes negociarían las justicias que intentaba aplicar Anderson con dinero contante y sonante. Las actas del expediente aparecieron y demostraron que Chacón hablaba con base.

No obstante, el comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a cargo de esa línea investigativa, José Cuéllar, fue separado de su cargo con una denuncia muy grave en boca de Isaías Rodríguez: trabajaba para la CIA. Y tampoco esto se investigó.

Cuando el testimonio de Vásquez de Armas se desmoronó y apareció el segundo grupo de actas de entrevista y prueba anticipada, vinieron otras irregularidades en la investigación: declaraciones manipuladas y personas que entran y salen de ellas, con el respaldo de Hernando Contreras y Gilberto Landaeta, según las firmas. Rodríguez prometió investigar, pero no lo hizo. Hoy dice que no hay forjamiento de actas. La investigación del caso sigue a la espera de la voluntad de emprenderla con todas sus consecuencias ¿lo hará Luisa Ortega Díaz? No se sabe. Por lo pronto, el ciudadano desea recordar: quién es quién en este caso. Aquí se lo decimos.
Imputados

Patricia Poleo, periodista, huyó a Estados Unidos con su hija, luego de que la imputaran por la autoría intelectual. Desde el principio reveló detalles de las pesquisas del asesinato y se le allanó su hogar después de una de las publicaciones más fuertes. Prefirió no ponerse a derecho por considerar que no tendría un juicio justo.

Eugenio Añez Núñez y Nelson Mezherane
recibieron la imputación a raíz de las declaraciones de Vásquez y luego sus causas fueron archivadas, aunque pueden ser reabiertas.

Salvador Romaní tiene sobreseída la causa por falta de pruebas.
Condenados

Rolando y Otoniel Guevara fueron sentenciados a 27 años y 9 meses por la autoría material del asesinato con explosivos del fiscal Danilo Anderson. Los compromete la relación de llamadas de los días anteriores con otros vinculados al caso y el testimonio de policías sobre la planificación del crimen.

Denunciaron tortura y su detención estuvo plagada de irregularidades. Pero eso no fue investigado.

Juan Bautista Guevara fue condenado a la pena máxima de 30 años. Paga prisión en la Disip con su primo y su hermano. La noche del asesinato chocó un carro cercano a la camioneta de Anderson en el Iupolc. Dijo que estaba buscando notas esa noche. Se le vincula a Pedro Lander y a Johan Peña, ambos prófugos en Miami.
¿Extorsionados?

Arístides Maza, presidente del Banco Caroní. Según declaraciones de Isaías Rodríguez le habría advertido que lo extorsionaban por ser carmonafirmante. Advirtió a las autoridades de la irregularidad y no ha querido declarar sobre esos detalles ¿Fiscalía lo interrogó? ¿A través de él se puede determinar quiénes y cómo cobraban? Ignacio Salvatierra, entonces presidente de la Asociación Bancaria, fue perseguido por Anderson por relacionarlo con el Carmonazo. Aunque en el video aparece firmando el decreto, su rúbrica se “borró” del acta. Sus abogados son señalados de entregarle fuertes sumas al fiscal para exculpar a su cliente. ¿Pagó? ¿El dinero llegó a Anderson completo? Dijo que jamás hablará.

Ricardo Tucker, presidente del Iutirla, aparece mencionado en las actas del expediente como uno de los que pagaría a Anderson para ser beneficiado judicialmente. Él podría aclarar cómo funcionaba el chantaje, el modus operandi, ¿Fiscalía lo interrogó? No hay evidencias de ello.

Mariano Díaz y Gustavo Perdomo son abogados de Ignacio Salvatierra.

Aparecen en las actas de entrevista como quienes pagaban con dinero en efectivo a Anderson en varias oportunidades. También hay relación de llamadas de Anderson con ellos días previos a su muerte. Por su baja estatura les han colgado el mote de “Enanos” en algunos predios judiciales. Tampoco se conoce de sus declaraciones ante los señalamientos de familiares y amigos de Anderson.
Jueces en las actas

Gúmer Quintana, juez decimonoveno de Control, firmó y selló las versiones de prueba anticipada que se le formularon a Vásquez de Armas con su declaración del 15 de agosto de 2005. Lo hizo con el fiscal Gilberto Landaeta y ya salió de su cargo.

Maikel Moreno, quien fuera juez 34 de Control y presidente de la Sala VII de Apelaciones, aparece mencionado en los interrogatorios a amigos de Anderson como uno de los que recibió dinero extraído de la caja fuerte.

Relacionado con Belkis Cedeño y señalado por Esther Bigott de Loaiza como la persona que se alió con Cedeño para actuar en su contra, fue separado de sus cargos y enviado como agregado comercial a Roma.

Belkis Cedeño, quien fuera presidenta del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas, fue destituida en agosto de 2006. Fue nombrada en las actas de entrevista como la persona que intercedió con Danilo para ayudar a Ricardo Tucker.

Se desempeña como cónsul de Venezuela en Vigo.
Investigadores

Isaías Rodríguez era fiscal general de la República cuando ocurrió el crimen. Juró buscar la verdad debajo de las piedras, pero las piedras cayeron sobre la investigación. Se desecharon líneas de investigación, declaraba que había tanta gente involucrada como para montarlas en “un autobús” y luego no pudo probarlo. No arrojó resultados sobre la supuesta corrupción en Fiscalía. Hoy quiere ser magistrado.

Luisa Ortega Díaz fue nombrada fiscal general en diciembre de 2007.

Fue directora de Actuación Procesal y encargada de la investigación sobre la presunta “Banda de los Enanos”.

Bajo su gestión han sido separados de sus cargos todos los fiscales del caso Anderson.

Comisario José Cuéllar, del Cicpc, estuvo a cargo de la primera parte de la investigación. Hizo un informe con la línea que dirigía hacia la supuesta extorsión. Fue destituido de las pesquisas y acusado en rueda de prensa por Isaías Rodríguez de actuar para la CIA. Nunca ha abierto la boca. Si escribe un libro, será el más explosivo, aunque sea después de muchos años.
Fiscales

Yoraco Bauza fue fiscal 30 nacional, encargado de la investigación del caso desde el principio y en ocasiones vocero. Interrogó a los familiares y amigos de Anderson que hablaron de la caja fuerte, el dinero y la entrega. También destituido.

Gilberto Landaeta, quien fuera fiscal octavo nacional, también estuvo en el caso. Firma además las actas del interrogatorio a Giovanny Vásquez y la prueba anticipada con el juez Gúmer Quintana. Fue el primer destituido, aunque Isaías Rodríguez dijo en su momento que por la dificultad de subir la “trocha”. Él vive en Vargas.

Hernando Contreras firmó las actas como fiscal 53 de área metropolitana de Caracas. Confesó haber alterado las actas para involucrar a personas inocentes. Es el único que no ha sido destituido por encontrarse de reposo.

Sonia Buznego fue fiscal 38 y encargada del caso. Firma las actas de entrevista a los amigos de Anderson que revelaron encuentros con abogados para entregar dinero en restaurantes de Caracas. Fue separada de la causa sin explicación.

Turcy Simancas fue fiscal 39 y encargada de la investigación sobre el asesinato de Anderson. Toma declaración junto a sus compañeros a parte del entorno del fiscal. Fue destituida sin explicaciones por la actual fiscal general.
Amigos

Sócrates Tiniacos, abogado amigo de Anderson, declaró en Fiscalía -aunque luego lo niega- que la misma noche del 18 de noviembre de 2004 empezó la “ruta del dinero”, lo llevaron de Los Chaguaramos a Coche, repartieron, negociaron. También contó que fue torturado para que entregara el dinero. Este delito nunca fue investigado.

Julio César Farías, amigo y cuñado de Anderson, quien respaldó la versión de Tiniacos. Señaló que pidió respeto en la tumba de Danilo para no hablar allí del dinero. Contó que tenían una máquina de contar billetes y que Anderson no guardaba dinero en el banco para evitar una investigación bancaria. Lo acompañó cuando se hicieron algunas entregas de dinero en efectivo, “en bolsas de papel marrón”, según las actas. Carlos Herrera, ex concejal y amigo de la familia Anderson, fue autorizado por Lourdes para retirar algunas propiedades del fiscal en manos de la justicia. Fue interrogado por Hernando Contreras una sola vez, aunque ha aportado múltiples detalles a la investigación. Su tesis es que se trata de un crimen “político financiero”. La lanzó el mismo mes de la muerte de Anderson.
Familiares

Lourdes y Lala Anderson, hermanas del fiscal a favor de las actuaciones de la Fiscalía y del Gobierno. Niegan la posibilidad de que la víctima participara en extorsiones y se esfuerzan por eliminar las evidencias de propiedades del fiscal. Lourdes cargó con las motos de agua una madrugada y las lanzó al Guaire. Todo quedó grabado en un video casero. Marisela y Juan José Anderson son dos hermanos del fiscal que contrataron al abogado Pedro Aranguren para recusar a los fiscales que llevaban el caso y actuar legalmente para descubrir quién mató a su hermano. El juez Florencio Silano les ha negado el derecho de revisar el expediente. Allí estarían muchas respuestas a las confusiones.
Testigos

Giovanny Vásquez de Armas se autodenominó testigo y tejió la versión de un complot de opositores con paramilitares colombianos que después de Anderson acabarían con Isaías Rodríguez y Chávez. Aunque se demostró que mintió a lo largo de su declaración, que nunca estuvo en Panamá porque estaba preso en Rioacha y que no era psiquiatra, sirvió para dictar privativa de libertad a cuatro personas. Prometió que mañana “sí” dirá verdades.

Rafael García, paramilitar colombiano y ex director de informática del DAS, preso en la cárcel de La Picota, en Bogotá, quien sería calificado por el fiscal Rodríguez como el “otro testigo clave”. Consultado al respecto, declaró desde sus rejas: “no me interesa decir nada sobre Venezuela”.

Autor: unvenezolanomas