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Estadísticas oficiales confirman el apartheid
El Nacional

“Los que firmen contra Chávez están firmando contra la patria, y quedarán registrados para la historia”. Esta advertencia del presidente Hugo Chávez, lanzada el 16 de octubre de 2003, pasó, efectivamente, a la posteridad. Se la recuerda como emblema del proceso de discriminación y exclusión sistemática que comenzó a aplicarse en Venezuela a partir de los operativos de recolección de firmas para activar la convocatoria al referéndum revocatorio de agosto de 2004.

Desde entonces, los medios de comunicación comenzaron a difundir numerosas evidencias de que el Gobierno utilizó las listas de firmantes para tomar represalias contra quienes se identificaron en contra del proyecto chavista y a favor de que el Presidente abandonara el cargo.

Investigadores como Ana Julia Jatar, autora de El apartheid del Siglo XXI, comenzaron a estudiar y denunciar la situación de manera sistemática.

Así quedaron registrados casos como el de Rocío San Miguel, ex consultora jurídica del Consejo Nacional de Fronteras, quien fue despedida de la administración pública por aparecer como firmante en la denominada “lista de Luis Tascón”. Su caso llegó después a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

También el de Benjamín Rausseo, “el conde del Guácharo”, cuyas empresas en Margarita fueron cerradas por el Seniat después de lanzarse como candidato presidencial opositor.

Los hechos evidenciaron que asumir un papel en contra del Gobierno entraña pagar uno o varios costos. Podría tratarse, por ejemplo, de un daño moral, como el de ser sometido al desprecio público desde las más altas esferas del Poder.

“Traidores”, fue uno de los muchos epítetos utilizados por el Presidente contra quienes piensan diferente.

Pero, más concretamente, exponerse como opositor puede implicar un perjuicio económico, o una causa de empobrecimiento personal o empresarial, como acaba de demostrar una investigación de los economistas Francisco Rodríguez, de la Universidad de Wesleyan; Daniel Ortega, del IESA, Chang-Tai Hsieh, de la Universidad de Berkeley, en California y Edward Miguel, también de Berkeley.

Factura política.

“Este trabajo demuestra que los ciudadanos deben pagar un costo sustancial por expresar sus posiciones políticas. Nuestros cálculos indican que los firmantes de la solicitud de referéndum revocatorio sufrieron, en promedio, una caída de 4% en sus ingresos, como consecuencia de hacer pública su preferencia política”, señalan los resultados del estudio El precio de la oposición política: la evidencia de la lista Maisanta, de los autores mencionados.

“Se refleja que los firmantes tienen posibilidades muy reducidas de ser empleados por el sector público, y mucho mayores de terminar en la economía informal. Las empresas cuya directiva firmó en contra del Presidente registraron menos beneficios que las que tenían un directorio neutral o prochavista, sufrieron una presión tributaria mucho mayor, y recibieron menos dólares de Cadivi”, continúa el informe.

“A pesar de que nuestros resultados indican que firmar en contra del Gobierno fue indiscutiblemente peor que no firmar, no quedó igualmente claro el hecho de que firmar a favor de Chávez –para activar los revocatorios contra diputados de oposiciónfue una buena estrategia económica”, indica la investigación.

“No hay evidencia de que los firmantes pro-Chávez tuvieron un desempeño laboral mejor, e incluso en algunos casos estos trabajadores sufrieron también una reducción de sus ingresos”.

Curiosamente, el estudio encontró que, si bien los asalariados chavistas no obtuvieron una compensación económica verificable por demostrar su fidelidad al Gobierno, sí la disfrutaron los directivos o dueños de empresas que se identificaron como progobierno.

“Estas compañías generaron mayores beneficios para sus accionistas, hallazgo que resulta consistente con el argumento de que en Venezuela emerge una nueva élite empresarial a favor del Gobierno”, sostiene el reporte.

Patrón sistemático.

“Me sorprendió que encontráramos resultados tan fuertemente concluyentes”, apunta el economista Francisco Rodríguez, uno de los autores del trabajo, que ha comenzado a ser difundido en universidades de Estados Unidos y Europa, y que luego será propuesto para publicación en una revista de divulgación económica.

“Lo que hicimos fue determinar si los casos de discriminación política eran aislados o si se trataba de un patrón sistemático. Además, medimos cuál era la magnitud del problema, cuánto perdía una persona que firmaba contra el Gobierno”, explica Rodríguez.

“El promedio de 4% de caída en los ingresos de los trabajadores que firmaron, por supuesto, está muy desigualmente repartido, hubo personas en las que la pérdida fue mucho mayor, y otras que no experimentaron ninguna. Hubo un grupo grande de trabajadores que perdió su empleo en el sector público y, por lo general, pasaron al sector informal.

Los desempleados reflejaron muy pocas posibilidades de ingresar al sector público”.

En el sector empresarial los hallazgos fueron aún más significativos.

“Las compañías con directivos que firmaron recibieron menos beneficios que las que no firmaron por dos razones: Por un lado pagaron 33% más en impuestos, lo que representa en promedio unos 76.640 dólares más en tributos que las que no firmaron.

Por otra parte, las empresas con una directiva identificada como de oposición recibieron 51% menos divisas de Cadivi, mientras que las que firmaron a favor del Gobierno recibieron 55% más divisas oficiales.

Al comparar los dos números quiere decir que las compañías identificadas con el Gobierno obtuvieron 3,2 veces más divisas que las de oposición”.

El método de investigación, sin embargo, no permitió confirmar un patrón sistemático en otros tipos de discriminación política ampliamente denunciados, como la negación de acceso a contratación con el Estado, la negación de documentos de identidad expedidos por oficinas públicas o la exclusión de servicios o programas sociales. El tema merecerá ser estudiado durante mucho tiempo más.

Autor: unvenezolanomas